MÉXICO DF, 21 Nov. (EUROPA PRESS)
El ex jefe de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) de México, Noé Ramírez Mandujano, recibió por lo menos 450.000 dólares (casi 360.000 euros) del cártel del Pacífico, según aseguró ayer el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
El procurador informó en rueda de prensa de que ya ha solicitado que, como medida cautelar, a Ramírez Mandujano no se le permita irse de México para que se puedan probar los hechos que se le imputan, es decir, "la probable entrega de información reservada por ley a personas no autorizadas ajenas a la institución".
Medina recordó que el jueves la Procuraduría indicó que Ramírez se presentó voluntariamente a declarar ante la SIEDO, organismo que dirigió hasta el pasado mes de julio. Al término de su comparecencia, el fiscal consideró que existen elementos "jurídicos y necesarios para decretar su detención", según informó el diario 'La Jornada'.
Tras asumir la titularidad de la SIEDO, Ramírez Mandujano, que trabajaba como agregado de la Procuraduría General ante la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), "fue citado por un miembro del cártel del Pacífico, de quien recibió de manera personal un pago" de 450.000 dólares a cambio de "información de investigaciones y acciones tendientes a combatir a esa organización criminal", aseguró Medina.
Los pagos, precisó, se habrían otorgado con periodicidad mensual. El fiscal agregó que a una cita posterior de Ramírez Mandujano con el presunto miembro del cártel acudieron también Miguel Colorado González, coordinador general técnico, y Fernando Rivera Hernández, director general adjunto encargado de Inteligencia en la coordinación general técnica de la SIEDO.
Tanto Colorado González como Rivera Hernández ya fueron puestos a disposición judicial por dar información confidencial al cártel del Pacífico a cambio de dinero. También están bajo custodia los agentes federales de investigación Jorge Alberto Zavala, Antonio Mejía Robles y José Antonio Cueto López, mientras que Francisco Javier Jiménez Sánchez, está prófugo.
El fiscal señaló que estas personas están acusadas de delincuencia organizada y contra la salud por contribuir a hacer posible la comisión de delitos de esta naturaleza. Las investigaciones que han conducido a su detención se enmarcan en una operación del Gobierno para depurar las instituciones de seguridad y justicia federales, identificando a las personas que han desarrollado conductas "probablemente delictivas" y que por ello "se alejaron de los principios y valores del servicio público".