BUENOS AIRES, 22 Nov. (EUROPA PRESS/Rafael Saralegui) -
La Justicia argentina ordenó ayer la intervención de la empresa Aerolíneas Argentinas a petición del gobierno argentino para poder garantizar la continuidad del funcionamiento de la compañía, mientras avanza el proyecto oficial para poder expropiar la misma.
La medida fue adoptada por el titular del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº2, Esteban Furnari, tras una presentación realizada el martes por el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien personalmente fue a la sede de Aerolíneas Argentinas para notificar la noticia.
Jaime informó a la prensa que el juez Furnari designó como observador judicial e interventor en la compañía a José Luís Perrone, mientras que confirmó en su puesto de director general de ambas empresas aéreas a Julio Alak, designado tras el acta-acuerdo firmada por el gobierno argentino y el grupo español Marsans para acordar la venta de las dos empresas.
Mientras tanto, legisladores del oficialismo y otros bloques aliados están terminando de presentar un proyecto de ley para expropiar Aerolíneas Argentinas y Austral por el valor simbólico de un peso, según adelantó el diputado socialista Ariel Basteiro.
La presentación del proyecto de ley se realizará el próximo lunes.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación sostuvo que las dos empresas tienen un patrimonio negativo de 832 millones de dólares (663 millones de euros), valoración en la que se amparan los legisladores para pedir la expropiación de las compañías.
El grupo Marsans sostiene en cambio que las dos compañías podrían valer hasta 500 millones de dólares (398 millones de euros), según la valuación realizada por el banco Credit Suisse.
Como los legisladores prevén que la decisión del Congreso será rechazada por Marsans, en el proyecto de ley se establece que será la Procuración General del Tesoro el organismo que se encargará de defender al estado argentino de posibles demandas.
Directivos de Marsans ya anunciaron que están dispuestos a reclamar una compensación por valor de 1.000 millones de dólares (795 millones de euros), en caso de concretarse la expropiación, ante el CIADI, el tribunal de resolución de conflictos que dependiente del Banco Mundial (BM).